El dinero invertido en servicios públicos no ha de ser tratado como un gasto. La sanidad, la educación, el transporte o la seguridad públicas son servicios básicos que han de ser cubiertos. No son prestaciones que deban dar beneficios o suponer pequeños gastos para las arcas públicas. Si dan beneficios, bienvenidos sean, pero no es ese el fin de un servicio público. En Acción Votante tenemos muy claro que la reducción de gastos en el ayuntamiento no ha de ir de la mano de la reducción o empeoramiento de los servicios públicos básicos.
Reducir gastos a costa de obtener contratos de los diferentes proveedores de servicios, aprovechando que el río está revuelto, no nos parece la forma adecuada de reducir los presupuestos municipales. Esto es principalmente porque si una empresa oferta un mismo servicio a un menor coste, lo hace reduciendo el salario de sus empleados, no pagándoles las horas extra o limitando otros derechos laborales. Por ello no estamos a favor de contratar para servicios públicos a empresas con dudosa ética laboral, que se aprovechan de la pésima situación actual para explotar a sus trabajadores.\r\n\r\nMuy al contrario, los gastos se deben reducir ahí donde no son necesarios. El número de concejales con cargo es alarmantemente alto para un municipio que ha crecido y va a seguir creciendo de una forma paulatina. Donde ahora hay siete concejales delegados nosotros proponemos que haya solo cuatro, reagrupando las tareas entre las concejalías y reduciendo así tres sueldos que por innecesarios vemos como un lastre a la economía. Pero también han de ser reducidos drásticamente los sueldos, protestando no sólo contra el salario desproporcionado de la alcaldesa, sino adaptándolos todos al trabajo que supone un municipio como Valdemorillo.
Donde está claro que NO debemos reducir gastos es en el sueldo de los empleados públicos. Los empleados públicos son quienes mantienen las labores de este ayuntamiento en marcha y se les ha de reconocer su mérito y su labor. Esto hay que reconocérselo con los aumentos salariales que les corresponden, flexibilidad en sus jornadas laborales, ampliación de la oferta de empleo público, contratación de personas en riesgo de exclusión laboral, etc.
El ayuntamiento está moralmente obligado a rendir cuentas ante sus jefes: los ciudadanos. El despilfarro y las cuentas poco claras no caben en un municipio. La transparencia y el uso razonable de los recursos públicos han de ser la guía de las administraciones públicas.